El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal del caso Paula González acusaron hoy a Juan Carlos Levi, un dirigente del gremio de la construcción UOCRA, por el ataque que se produjo en el yacimiento Piedras Blancas en las inmediaciones de San Patricio del Chañar.
La formulación de cargos se realizó después del mediodía durante una audiencia en la Ciudad Judicial. Y desde el Ministerio Público Fiscal también se pidió que el imputado quede detenido con prisión preventiva por un plazo de ocho meses por existir riesgo de que entorpezca la investigación mediante amenazas a testigos y ataque a las víctimas.
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el pasado miércoles entre las 8 y las 9 de la mañana en el yacimiento Sierras Blancas, que opera la empresa Shell y que está a 25 kilómetros de San Patricio del Chañar. «El acusado determinó a un grupo de personas a llevar adelante actos de violencia como armas de fuego y una picana en contra de personas que estaban trabajando en el lugar y con el fin de coaccionarlas», señaló la fiscal del caso. Y describió que los agresores fueron «en 5 o 6 camionetas, con palos, fierros y armas de fuego. La expresión con la que irrumpieron en el yacimientos fue que todos debían irse porque iban a terminar muertos». Luego «bajaron a un dirigente sindical que estaba en un vehículo y lo golpearon y lo lesionaron con golpes y esquirlas producto de disparos de arma de fuego». Al día de hoy, la víctima permanece internada en una clínica.
De este modo, el grupo de agresores lesionó al dirigente sindical y a otros cinco trabajadores, además de dañar tres vehículos.
Los delitos que le imputaron a J. C. L fueron abuso de arma, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego (cinco hechos), coacción agravada por el uso de arma de fuego y daño agravado en poblado y en banda (tres hechos). Todo en calidad de autor determinador.
El juez de garantías avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por el plazo de seis meses. El tiempo de la investigación fue fijado en tres meses.
Junto al fiscal jefe y la fiscal del caso, en la audiencia estuvo la asistente letrada Noelia Stillger
