En una audiencia realizada el jueves en la ciudad judicial, la fiscal del caso Paula González solicitó que se reformule la acusación contra J.C.L, un dirigente del gremio de la construcción UOCRA.
El hombre fue imputado por un ataque que se produjo en el yacimiento Sierras Blancas en las inmediaciones de San Patricio del Chañar.
El cambio en la calificación legal se debió a que durante la investigación se determinó que si bien J.C.L, no estuvo físicamente en el lugar del hecho, instigó a miembros de la facción sindical que conduce a que realicen la agresión.
El delito que la fiscal le atribuyó en la audiencia de este jueves es abuso de armas, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma, coacción doblemente agravada por el uso de arma de fuego y por obligar a las personas a hacer abandono de su trabajo, daño agravado en despoblado y en banda, todo en carácter de autor inductor o instigador (artículos 89, 90, 104, 90, 149 inciso tercero párrafo b, 184 inciso cuarto, 41 bis y 45 del Código Penal).
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el miércoles 5 de junio entre las 8 y las 9 de la mañana en el yacimiento Sierras Blancas, que opera la empresa Shell y que está ubicado a 25 kilómetros de San Patricio del Chañar. «El acusado coaccionó a un grupo de personas a llevar adelante actos de violencia con armas de fuego y una picana en contra de personas que estaban trabajando en el lugar», señaló la fiscal del caso. Y describió que los agresores fueron «en 5 o 6 camionetas, con palos, fierros y armas de fuego y la expresión con la que irrumpieron en el yacimiento fue que todos debían irse porque iban a terminar muertos». Luego «bajaron a un dirigente sindical que estaba en un vehículo, lo agredieron y lo lesionaron con varios golpes y esquirlas producto de disparos de arma de fuego que efectuaron».
De este modo, el grupo de agresores lesionó al dirigente sindical y a otros cinco trabajadores, además de dañar tres vehículos.
El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia hizo lugar al planteo de la fiscalía y avaló la reformulación de cargos.
La fiscal del caso fue asistida durante la audiencia por la funcionaria de la fiscalía Noelia Stillger.
El imputado llegó a la audiencia detenido con prisión preventiva, la medida le fue impuesta por ocho meses en una audiencia anterior, por que existe riesgo de que entorpezca la investigación mediante amenazas a testigos y ataque a las víctimas.
En la causa hay otros tres imputados que fueron acusados anteriormente y también se encuentran detenidos con prisión preventiva.
