En una audiencia realizada este viernes en la ciudad judicial, un Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la prisión preventiva de E.Z.S, M.G.B y J.C.L, tres miembros del gremio de la construcción UOCRA.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli requirió durante la mañana del viernes que se mantenga la prisión preventiva dictada por seis meses. Los hombres, fueron acusados por la fiscal del caso Paula González de participar en un ataque que se produjo en el yacimiento Sierras Blancas de las inmediaciones de San Patricio del Chañar a principio de este mes.
El delito que la fiscalía le atribuyó a los imputados es abuso de armas, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma, coacción doblemente agravada por el uso de arma de fuego y por obligar a las personas a hacer abandono de su trabajo, daño agravado en despoblado y en banda, todo en carácter de autor para E.Z.S y M.G.B y en carácter de autor inductor o instigador en relación a J.C.L. (artículos 89, 90, 104, 90, 149 inciso tercero párrafo b, 184 inciso cuarto, 41 bis y 45 del Código Penal).
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el miércoles 5 de junio entre las 8 y las 9 de la mañana en el yacimiento Sierras Blancas, que opera la empresa Shell y que está ubicado a 25 kilómetros de San Patricio del Chañar. «El acusado coaccionó a un grupo de personas a llevar adelante actos de violencia con armas de fuego y una picana en contra de personas que estaban trabajando en el lugar», señaló la fiscal del caso. Y describió que los agresores entre los cuales se encontraban E.Z.S y M.G.B, fueron «en 5 o 6 camionetas, con palos, fierros y armas de fuego y la expresión con la que irrumpieron en el yacimiento fue que todos debían irse porque iban a terminar muertos». Luego «bajaron a un dirigente sindical que estaba en un vehículo, lo agredieron y lo lesionaron con varios golpes y esquirlas producto de disparos de arma de fuego que efectuaron».
De este modo, el grupo de agresores lesionó al dirigente sindical y a otros cinco trabajadores, además de dañar tres vehículos.
Luego de que las partes realicen sus exposiciones, los integrantes del Tribunal de Impugnación resolvieron por unanimidad, confirmar la medida de coerción que les fuera impuesta a E.Z.S, M.G.B y J.C.L por el término de seis meses. Los magistrados además ratificaron el plazo de tres meses que tiene la fiscalía para realizar la investigación.
Al momento de solicitar las preventivas en las audiencias anteriores, la fiscalía argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, fundamentalmente por la necesidad de proteger a testigos y víctimas.
El caso tiene un cuarto involucrado, C.A.B, que fue acusado en una audiencia pero que no está detenido.
