«Ante el reiterado incumplimiento de los acuerdos firmados, el Sindicato de Petreoleros Privados lanza un paro de actividades» inicia un comunicado.
Otra vez los trabajadores se ven en una situación desesperada por el anuncio de al menos 600 despidos, que se suman a las 1500 suspensiones operadas tras las elecciones primarias de agosto pasado.
«Bajo argumentos ridículos y espúreos, más vinculados a la política nacional y sus medidas erráticas que al desempeño del trabajador, las cámaras empresarias del sector hidrocarburífero pretenden que los más débiles paguen lo que deberían resolver en otro ámbito» subrayan desde el gremio.
A su vez dice «los trabajadores siempre buscaron garantizar la paz social. Así lo hicieron desde la firma de la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo en 2017 y luego en cada mesa de diálogo y convenio firmado. Siempre se priorizaron las fuentes de trabajo y la producción.Es inconcebible que ahora, cuando más deberían respetarse los pactos, los acuerdos y la palabra empeñada, pretendan olvidarse de esos compromisos asumidos».
«El crecimiento del país y de la industria hidrocarburífera requiere del esfuerzo de todos, no siempre de los más débiles. Pero parece que la solidaridad y el sacrificio para las empresas es una palabra florida que sirve para discursos. Se reclama a otros lo que se evade cuando les toca» agrega.
El escrito continúa «No vamos a permitir bajo ningún concepto que quienes menos tienen paguen los platos rotos por la ineficiencia de la política. Por esa razón el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, declara el paro total de actividades por 24 horas a partir de hoy y hasta mañana a las 12».
Por último menciona «nada es más importante que el bienestar del trabajador y de su familia. Por eso también pedimos que se convoque de manera urgente a la Mesa de Vaca Muerta (comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos), prevista en el artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo, y al gobernador de la provincia del Neuquén para poner en marcha el mecanismo de resolución de conflictos previsto por ley».
