Despidos de trabajadores, falta de pago o atraso en el pago de haberes y suspensión de contratos de empresas tercerizadas deberán ser considerados justificativos necesarios para que el gobierno provincial notifique e intime a empresas concesionarias del sector hidrocarburífero. 

En estos términos se expresa la iniciativa de resolución del bloque del Frente de Todos, proyecto que advierte que en caso de verificarse alguno de estos incumplimientos, el Estado provincial tendrá la obligación de iniciar un proceso de revisión del contrato de  concesión y rescindir el mismo por incumplir con los compromisos de inversión asumidos. 

Lo hace al informar que tanto YPF como otras las grandes compañías que exploran y explotan el recurso en la provincia anunciaron que no podrán hacer frente al pago de sueldos y procederán a llevar adelante un proceso de despidos y suspensiones de trabajadores del sector. Para ello, la iniciativa también pide conocer si desde la autoridad de aplicación se iniciaron gestiones para interiorizarse sobre la situación laboral de los trabajadores del sector. 

Sostiene en sus fundamentos que por tratarse de inversiones a largo plazo, las propias empresas deberían considerar en su estructura de costos los riesgos ocasionales que puede causar una caída en el precio del hidrocarburo. En ese sentido, remarca que las mismas “no pueden generar acciones de desinversión que produzcan lesiones socioeconómicas en toda la cadena de contratos y subcontratos de la actividad”. 

El proyecto (13268) ingresó por Mesa de Entradas el 6 de mayo con la firma del diputado del Frente de Todos, Darío Peralta y cuenta con el acompañamiento de sus pares de bloque Soledad Salaburu Soledad, Ayelén Gutiérrez, Lorena Parrilli, Soledad Martínez, Teresa Rioseco, Gonzalo Bertoldi, Mariano Mansilla y Sergio Fernández Novoa.