La Provincia brindó patrocinio jurídico gratuito en casos de violencia de género
Se distribuyeron por diferentes regiones de la provincia, en causas penales y de violencia familiar. No es requisito acreditar la carencia de recursos para acceder a la asistencia del cuerpo de abogadas.
La dirección provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del ministerio de Gobierno, informó que el servicio de patrocinio jurídico gratuito asistió un total de 55 situaciones de violencia de género e intrafamiliar en transcurso de este año, garantizando el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
La asistencia legal se distribuyó en las distintas regiones: en la Confluencia se tramitaron 25 causas (3 penales y 22 de Familia); en la Región de Los Lagos, 20 causas (13 penales y 7 de Familia); y en La Comarca, 10 causas (2 penales y 8 de Familia).
El servicio es provisto por un cuerpo de abogadas cuya misión principal es brindar asesoramiento y patrocinio legal gratuito como política pública clave para eliminar la barrera económica para las víctimas, ya que no es requisito acreditar la carencia de recursos para acceder a la asistencia.
Fue creado por la ley provincial N°3106, sancionada en 2018 y reglamentada en 2020. El cuerpo profesional se abocó, además, a causas de alta complejidad en el fuero penal, incluyendo femicidios, intentos de femicidio y delitos contra la integridad sexual.
En el fuero civil, las principales intervenciones consisten en garantizar derechos fundamentales a través de demandas de cuota alimentaria, regímenes de comunicación y divorcios. Actualmente, el equipo está integrado por cuatro profesionales y se prevé su ampliación a cinco abogados una vez que concluya el proceso concursal vigente y se determine el orden de mérito correspondiente.
La activación de la asistencia legal se canaliza a través de las redes interinstitucionales con competencia en los diversos tipos de violencias. El equipo trabaja de manera coordinada y en colaboración con organismos de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como con los gobiernos locales, para asegurar una respuesta eficiente y la difusión efectiva del servicio.




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