Lo hizo este miércoles en la 22º sesión ordinaria del cuerpo, ocasión en la que tomaron estado parlamentario los presupuestos de los tres poderes del Estado, la ratificación del Consenso Fiscal 2018, la reforma impositiva y el Código Fiscal para el próximo año. Las propuestas obtuvieron moción de preferencia para que sean tratadas en las sesiones del 5 y 6 de diciembre.

La sesión comenzó a las 10.20 con la participación de 28 diputados y diputadas y bajo la presidencia alternada del vicepresidente 1º, Pablo Bongiovani, y los diputados Mario Pilatti –presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia- y Sergio Gallia –presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto-.

Al fundamentar la ley de videocámaras en geriátricos, jardines maternales y guarderías, el diputado Gallia (Adelante Neuquén) dijo que la norma pondera a Neuquén “a la vanguardia en la protección de los pequeños y los abuelos” y señaló que el objetivo es prevenir la violencia intramuros. Aseguró que el Estado debe abordar la problemática “y dar respuesta” y remarcó el uso confidencial del material registrado, que podrá ser visualizado solamente por requerimiento de familiares directos o por orden judicial.

Además, sostuvo que la implementación de la ley no implica una inversión mayor para los establecimientos privados y reparó que los mismos tendrán un plazo de 180 días, una vez reglamentada, para readecuar sus instalaciones a los efectos de dar cumplimiento a la norma.

El diputado Mario Pilatti (MPN) votó a favor al considerar que la propuesta “viene a dar cierta seguridad en un ámbito íntimo” en el que se pueden producir hechos de violencia hacia niños y adultos mayores en estado de vulnerabilidad, aunque subrayó que la eliminación de la violencia requiere de un cambio cultural.

Desde las bancas de izquierda, el diputado Raúl Godoy (PTS-FIT) y la diputada Angélica Lagunas (FIT) votaron en forma negativa. En ese sentido, solicitaron “un abordaje previo” desde el Estado para prevenir hechos de violencia y la creación de establecimientos públicos de cuidado para personas de tercera edad. En similar sentido se pronunciaron Gabriel Romero (FR) y Nanci Parrilli (FpV), quienes reclamaron mayor incidencia por parte del Estado para la protección de menores y adultos, pero acompañaron la propuesta al sostener que “la única verdad es la realidad”, en alusión a los hechos de violencia al interior de las instituciones en cuestión.