La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió este martes representantes de la Asociación Pensamiento Penal, al presidente de la Fundación de Abogados Querellantes y a integrantes del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén en el marco del proyecto presentado por el Ministerio Público Fiscal para extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva ante la situación de pandemia de COVID-19.

La reunión se llevó adelante con una modalidad mixta de participación presencial y remota, a través de una plataforma de videollamada.

Las representantes de la Asociación Pensamiento Penal, las abogadas Marisa Mauti y Celia Delgado, expresaron su rechazo al proyecto al que señalaron de “inconstitucional ya que afecta, entre otros, el principio acusatorio, el derecho a la defensa en juicio, la independencia e imparcialidad de los jueces de garantías, los derechos de las víctimas a una resolución en un plazo razonable y el principio de no retroactividad de la ley penal”.

Mauti, quien además se desempeña como defensora de Circunscripción de Cutral Có, consideró que “esta presentación puede ser vista como una reforma procesal que no reviste legitimidad porque no existe el consenso democrático que funda legitimidad”.

Por su parte, Celia Delgado, quien también se desempeña como defensora pública en la provincia de Río Negro, explicó que “el Código Procesal Penal de la Provincia en su artículo 223 ya tiene resuelto el problema, permitiendo extender seis meses la prisión preventiva para el caso de asuntos complejos en los que podrían encuadrarse las causas que preocupan al Fiscal”.

Y se explayó en que “la determinación de la preventiva depende de los jueces, es su jurisdicción; no puede venir el fiscal a pedir una reforma legal para extender la prisión preventiva de alguien que aún es considerado inocente por la Constitución Nacional”.

Las letradas consideraron también que de aprobarse esta ley, representaría un retroceso en los estándares internacionales y en las obligaciones asumidas al incorporar los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos en la reforma constitucional de 1994.

Asimismo, indicaron que el argumento que afirma que «no se pueden llevar adelante los juicios» es falso ya que con un protocolo sanitario adecuado se podrían realizar.

Aseguraron que si se sanciona esta ley será declarada inconstitucional. “Sobre este asunto hay que pedirle que se expida el juez y no la Legislatura”, sostuvo Delgado.

A su turno, el presidente de la Fundación de Abogados Querellantes, Marcelo Velazco, se manifestó a favor de la iniciativa al considerar que “la duración de la prisión preventiva en la provincia de Neuquén es una de las más cortas del país y la región, con apenas un año de duración mientras que en Río Negro es de 3 años y medio, y para la mayoría de las provincias es de 2 años”.

También explicó que “esta ley sólo extiende la prisión preventiva, lo que no implica la extensión del tiempo máximo del proceso penal que sigue limitado a 3 años de duración”.

Finalmente, Velazco consideró que “la declaración del caso complejo previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal no es tan fácil de conseguir en los Tribunales, y tampoco es la llave que resuelve el problema”.

En este sentido, ahondó que “respecto de la jurisprudencia en materia de extensión de la preventiva, cada juez de garantía, cada tribunal de revisión y cada uno de los 13 jueces de impugnación en composiciones aleatorias de tribunales, al no haber un tribunal unificador, generan decisiones contradictorias que no permiten establecer una doctrina obligatoria”.

Por ello, consideró que “el proyecto de la fiscalía amerita al menos ser considerado como una herramienta prudente para prever que dentro de las situaciones excepcionalísimas se consagre un plazo similar al de otras provincias de la República”. 

Por último, la comisión escuchó la opinión de los integrantes del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén representados por su presidente Marcelo Iñiguez, Juan Manuel Coto, director del Instituto de Derecho Penal de esa institución, y Máximo Castro Veliz, miembro del Consejo Directivo de dicho Colegio.

En su intervención Juan Coto, y en representación de 45 abogados litigantes que conforman el Instituto de Derecho Penal, opinó que “esta ley es una contra reforma que deteriora la calidad del proceso penal vigente” y la tildó de “innecesaria”. 

Luego de brindar cuantiosa información estadística, Coto señaló que “los índices de prisión preventiva en la provincia de Neuquén son bajos (9%) y no hay mora en la gestión de las causas como tampoco hay tantas causas esperando un juicio por jurado”. En este sentido, también señaló que “la mayoría de las condenas se obtienen por medio de acuerdos entre las partes y que estas representan entre un 82 y un 85%”.

Para finalizar, Coto estimó que “no se necesita esta ley” ya que “el sistema judicial puede funcionar en un 90% y recomendó “trabajar en los protocolos sanitarios necesarios para hacer los juicios, en vez de sancionar una ley que está pensada para casos puntuales”.

El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, en cambio, apoyó la iniciativa aunque con una modificación: “estamos de acuerdo con la extensión de las preventivas pero recomendamos que el plazo no sea de un año sino de seis meses”.

Además resaltó que el servicio de justicia es un servicio esencial y por ello afirmó que “desde el primer momento el Colegio de Abogados ha solicitado al Poder Judicial que retome el trabajo”.

El miembro del Consejo Directivo, Máximo Castro Veliz, por su parte exhortó a que “se conforme una comisión para poner en funcionamiento de inmediato el sistema de justicia penal en el que todos los operadores debemos trabajar en conjunto”. Concluyó que «hacer un juicio por jurado en este contexto es, además, un gran mensaje a la sociedad”.

Participaron de la reunión de la comisión A las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Leticia Esteves, Soledad Martínez y Karina Montecinos, y los diputados Maximiliano Caparroz, Carlos Coggiola, Fernando Gallia, Mariano Mansilla, Andrés Peressini, César Gass, Sergio Fernández Novoa, Carlos Sánchez, Francisco Rols, Darío Peralta y Luis Aquín.