El diputado Raúl Podestá (Frente Grande) presentó un proyecto para regular los plazos que tendrán los organismos públicos para responder informes solicitados por el Poder Legislativo.

De esta forma, las reparticiones públicas tendrán 15 días hábiles para remitir la respuesta de la información solicitada por las y los legisladores. Sólo podrá extenderse por cinco días en caso de “razones debidamente justificadas”. La propuesta se enmarca en lo estipulado por el artículo 185 de la Constitución Provincial.

El articulado establece la respuesta a los pedidos de informe deberá ser completa, detallada y documentada, en caso de corresponder. Además, determina que el incumplimiento de los plazos establecidos habilitará el requerimiento judicial para que se impartan sanciones conminatorias diarias al titular y/o responsable de la repetición estatal a la que fue remitido el informe.

La reiteración del incumplimiento será considerada violación de los deberes de funcionario público, conducta que será sancionada en los términos del Código Penal.

En los fundamentos se retoma el artículo 185 de la Constitución Provincial que establece la obligatoriedad de las reparticiones públicas y empresas concesionarias de servicios públicos a dar informes a los diputados y las diputadas que lo requieran.

Sin embargo, el articulado no establece plazos ni sanciones en caso de incumplimiento, motivo de la presentación del marco legal propuesto por el legislador quien asegura que, en la actualidad, los pedidos de informes no son respondidos o lo son en forma vaga e imprecisa.

El proyecto de ley N°12.638 ingresó por mesa de entradas el 21 de junio de 2019 con la firma del diputado del Frente Grande, Raúl Podestá.