“Uno ingresa al Registro de Personas Condenadas por Violencia de Género sólo por orden judicial. Ninguna otra institución pública tiene potestad para dar de alta a una persona en el registro. Tiene que haber una causa, una sentencia firme y, además de la respectiva condena, el juez resolverá su inscripción en el registro propuesto por la ley”, precisó la diputada María Laura du Plessis (MPN) al informar sobre los alcances de creación del Registro que se encuentra en tratamiento en la Legislatura provincial.
Se trata de una iniciativa que elaboraron en conjunto el bloque de diputados del MPN y el diputado Raúl Podestá (FG). El proyecto se debate en la comisión de Desarrollo Humano y Social y en la próxima reunión expondrán funcionarios de la Subsecretaria de Derechos Humanos y del INADI para aportar precisiones respecto a su aplicación. “Existe un consenso mayoritario de todos los bloques legislativos para avanzar en la iniciativa”, precisó la legisladora.
Al dar precisiones sobre su funcionamiento, destacó que la norma derivará en restricciones efectivas para las personas que se encuentren inscriptas en el registro. Por caso, indicó que quedarán inhabilitadas para renovar el registro de conducir, tampoco podrán presentarse como proveedores del Estado ni presentarse o ejercer cargos electivos mientras dure su condena. Aclaró también que su alta en el Registro sólo estará vigente durante el plazo que fija la pena y que una vez que finaliza la misma, los datos de la persona se darán de baja del sistema.
