En una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes la fiscal del caso Gabriela Macaya, acusó a un hombre, M.E.M, por amenazar a su expareja en la ciudad de Cutral Co.
La fiscalía encuadró el hecho como delito de amenazas y desobediencia a una orden judicial en concurso ideal y en calidad de autor (artículos 149 bis primer párrafo, 239, 54 y 45 del Código Penal).
La representante del Ministerio Fiscal planteó ante el juez de garantías que el pasado 9 de mayo la fiscalía le había formulado cargos al imputado por desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio, y que en esa ocasión no se solicitaron medidas de coerción porque ya había medidas vigentes que ahora se encuentran próximas a vencer.
Por esta razón y a fin de asegurar la integridad física de la víctima y de su hija menor de edad, la fiscal del caso solicitó como medida cautelar una nueva orden de prohibición de acercamiento por el término de cuatro meses y la obligación de presentarse semanalmente en la fiscalía. “La víctima se encuentra en estado de vulnerabilidad y riesgo de su integridad física al igual que su hija. Estamos en un caso de violencia que ha sido iniciado en 2017 en el fuero de Familia y terminó en el fuero Penal porque las medidas han sido insuficiente para dar protección a la víctima”, puntualizó la funcionaria judicial.
La teoría del caso de la fiscalía es que el hecho ocurrió el 21 de mayo pasado aproximadamente a las 22:30, en una vivienda ubicada en la ciudad de Cutral Co. El imputado se presentó en la casa de su expareja quien está embarazada. Allí la golpeó y la amenazó. Además, la llamó por teléfono en reiteradas oportunidades solicitándole ver a la hija que tienen en común, incumpliendo las medidas de coerción impuestas por un juez de familia.
El juez de garantías dio por formulado los cargos y dispuso las medidas de coerción de prohibición de acercamiento, comunicación por cualquier medio, intimidación, perturbación y afectación física o psicológica sea directamente o a través de otra persona y la presentación semanal en el Ministerio Público Fiscal, por el término que dure la investigación que fue fijado en cuatro meses.
Al imputado se le hizo saber que en el caso de un nuevo incumplimiento se evaluará la posibilidad de imponerle prisión preventiva.
Durante la audiencia la fiscal estuvo acompañada por la asistente letrada Valeria Cevallos.
