Neuquén tendrá un Comité para la Prevención de la Tortura

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En la sesión de este miércoles el cuerpo aprobó por unanimidad y en general la ley que crea el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en cumplimiento de la Ley Nacional Nº26.827.

El debate fue presenciado por integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de la Asociación Pensamiento Penal. La 18º sesión ordinaria comenzó a las 11 bajo la presidencia del diputado Javier Bertoldi, vicepresidente 2º de la Cámara, y contó con la participación de 30 diputados y diputadas.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes será autárquico y tendrá autonomía funcional. Estará facultado para inspeccionar los lugares de detención o encierro, sin aviso previo y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio, y podrá presentarse como querellante en causas judiciales relacionadas con hechos de tortura.

También podrá recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención, elaborar propuestas y emitir recomendaciones.

El órgano estará compuesto por ocho integrantes, de los cuales cinco serán designados por el poder Legislativo, mediante una selección de postulantes propuestos por organizaciones de derechos humanos, sociales, académicas y de profesionales  involucradas en el tema. De los tres integrantes restantes que representarán a la Legislatura, dos serán designados por la fuerza con mayor representación y uno por la segunda. El mandato será de cuatro años y podrán ser reelegidos una sola vez. Además, contará con una planta de hasta cinco empleados administrativos.

Como miembro informante, Ayelén Gutiérrez (FpV) recordó que el proyecto original fue presentado hace once años por organizaciones de Derechos Humanos, por lo que su aprobación “salda una deuda histórica” en la provincia. Destacó la importancia del funcionamiento del Comité y pidió avanzar en la modificación de “los parámetros en la formación de las fuerzas de Seguridad provincial”, instancia que consideró indispensable para la prevención de la tortura.

En tanto, el diputado Mario Pilatti (MPN) reivindicó la creencia en “las fuerzas de seguridad de la democracia y respetuosas de los derechos humanos” y ratificó la convicción del bloque oficialista en acompañar la iniciativa. Sostuvo que el Comité será un organismo de control y de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. También recordó que el proceso de implementación del mecanismo a nivel nacional fue ‘lento’ y adjudicó la demora en la posible interpretación o temor de que el mismo se convierta en “nichos para hacer oposición al gobierno”.

Su compañera de bloque, María Laura du Plessis, destacó la decisión política del gobernador Omar Gutiérrez “para que la iniciativa sea una realidad”.

El diputado Gabriel Romero (Cumplir) señaló que Neuquén es la novena provincia del país que aprueba el Comité dentro de su jurisdicción, tal como lo dispone la Convención Internacional de Derechos Humanos, marco normativo al que adhirió el país en el año 1994. Remarcó que el Comité tendrá la función de control y que “no va a encubrir a nadie”. Subrayó que garantía de ello será la presencia de cinco miembros propuestos por organismos de derechos humanos.

A su turno, Eduardo Fuentes (FN) enmarcó la creación del Comité en “el sendero histórico” de la provincia en materia de Derechos Humanos. En ese sentido, recordó que Neuquén promovió la primera marcha contra la última dictadura militar y constituyó la primera Asamblea por los Derechos Humanos. Su compañera de bloque, Pamela Mucci indicó que el plexo normativo nacional y provincial plasmado en el marco constitucional ya establece derechos y garantías, y que los mismos deben cumplirse.

El diputado Raúl Podestá (FG) se refirió a los articulados de la Constitución provincial referidos a los lugares y condiciones de privación de la libertad (70° y 71°) y aseguró que la provincia “está lejísimos” de cumplir con la manda constitucional. En ese marco, sostuvo que el Comité constituye un “pequeño paso para que el horror no ocurra en las cárceles, pero hay que avanzar mucho más”.

Desde el FIT, Angélica Lagunas remarcó que la ley es producto de una lucha histórica y dijo que “la tortura existe en la provincia”. En ese sentido, advirtió que el informe semestral de la Procuración Penitenciara de la Nación constató 25 casos de torturas y malos tratos que afectaron a 29 internos alojados en cárceles de la provincia.

La diputada Carolina Rambeaud (PRO) destacó el carácter autárquico del Comité y mencionó como un avance dicha autonomía ya que en otras jurisdicciones el Comité no se ha podido implementar por la falta de recursos que deberían aportar los Ejecutivos provinciales.

En tanto, Jesús Escobar (Libres del Sur) dijo que se trata de un “pequeño gran paso” que arroja luz sobre un lugar oscuro e invisibilizado para la sociedad como son las cárceles.

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