Referentes de la Mesa por la Igualdad Neuquén y organizaciones afines presentaron un proyecto para crear un marco legal de inclusión destinado a las personas trans. La iniciativa contempla y fija medidas para garantizar el derecho integral a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la vida digna.
La propuesta apunta a garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas trans, partiendo de entender que fueron “históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su identidad de género autopercibida”.
A tal fin, el articulado fija una serie de acciones que deberá impulsar el Estado provincial, entre las que se destacan promover la inclusión de personas trans en la planta laboral de la administración pública de la provincia, empresas y sociedades con participación estatal. En ese sentido, se fija un cupo del 0.5% de la masa de empleados y empleadas del Estado. Además, se deberá brindar apoyo y colaboración a las organizaciones sociales promotoras de los derechos de las personas trans y adoptar todo tipo de políticas públicas orientadas a la protección integral de sus derechos.
En ese marco, el Estado deberá realizar campañas de sensibilización con el objetivo de combatir estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias; al tiempo que deberá fomentar, en los distintos niveles educativos de la provincia, el respeto de los derechos de las personas trans, entre otros aspectos regulados en la propuesta. El Estado asistirá a toda persona trans víctima de violencia y garantizar su rehabilitación física, cognitiva y social.
La propuesta determina, además, que se deberán proteger la integridad, los datos personales y la privacidad de las personas trans. De esta forma, se respetarán tanto la identidad de género declarada como así también el derecho a un hogar y una familia. En este marco, se garantiza la posibilidad de modificar en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita los nombres de pila y sexo (género) en la documentación personal de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 26.743 (denominada Ley de Identidad de género). Los cambios registrales deberán resolverse con carácter de ‘tramite preferencial’.
Asimismo, se garantizará el derecho a la vida digna, a partir de asegurar la libertad física y la seguridad de las personas trans. En ese sentido, la iniciativa indica que se deberán implementar políticas públicas para impedir distintas formas de explotación, violencias, abusos y trata de personas.
En materia de educativa, se garantiza el derecho a la educación para toda persona trans en todos los niveles educativos incluido el universitario, al tiempo que se prevé un apoyo económico, psicológico, pedagógico y social personalizado para los casos en los que sea necesario a fin de facilitar la formación y favorecer el desarrollo académico y social de las personas trans. A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se deberá capacitar a todo el personal docente en materia de identidad de género.
En igual sentido, la iniciativa garantiza el derecho a la salud integral y al acceso a especialidades médicas vinculadas a la orientación sexual. En ese marco, tendrán acceso gratuito a tratamientos de adecuación corporal y reasignación genital en función de la voluntad de la persona en cuestión. El accionar que impida o posponga en forma arbitraria el acceso a dichas prácticas, será considerado mala praxis médica. La salud integral contemplará el derecho a la atención psicológica y endocrinóloga, entre otras especialidades.
Además, la ley busca garantizar el derecho al trabajo digno y proteger los derechos laborales de las personas trans para alcanzar condiciones de trabajo justas y favorables. Entre otros aspectos, se deberá garantizar el principio de ‘igualdad de oportunidades y de igual remuneración por igual tarea’.En igual sentido, se establece el derecho a la vivienda digna. Bajo ese objetivo, el IPVU-ADUS creará un registro especial para la asignación de viviendas sociales que incluya en condiciones prioritarias a las personas trans.
Finalmente, la iniciativa crea un subsidio mensual que será otorgado por el Ejecutivo provincial para personas trans mayores de 40 años. El subsidio será equivalente a una jubilación mínima y será compatible con otros ingresos que no superen el valor de dos jubilaciones mínimas. Los fundamentos del proyecto retoman las definiciones y diferencias entre los conceptos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, al tiempo que hace un breve resumen de la situación social de las personas trans en la actualidad.
Además, retoman un relevamiento de población de este universo de personas realizado por la Universidad Nacional del Comahue, que da cuenta de las condiciones de desigualdad en las que viven. Finalmente, mencionan el acopio legal y jurídico internacional, nacional y local en la materia, y un esbozo de los principales puntos de la Ley de Identidad de género, aprobada en el año 2012.
El proyecto de ley (13204) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo con la firma de referentes y titulares de distintos organismos y sindicatos, entre ellos Fabio Darío Bringas, Daiana Torres y Mauricio Vergara de la Mesa por la Igualdad Neuquén; Alejandra Rodríguez Carrera, de la Dirección Provincial de Diversidad; Juan Benítez de ANEL; el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva; Ruth Zurbriggen de la Asociación colectiva La Revuelta; Ariel Pino de ATEN capital y la concejala Cecilia Maletti.
