Diputadas y diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre la cantidad de reactivos para la detección del coronavirus COVID-19 con los que cuenta la provincia, órdenes de compra en curso para su adquisición, y laboratorios comprometidos en el procesamiento de los análisis de los tests.
La iniciativa dirige el pedido de informe a la “Unidad Ley 3230 – Emergencia Sanitaria”, creada en el decreto reglamentario de la norma con calidad de autoridad de aplicación, y busca conocer cuántos reactivos fueron enviados por el gobierno nacional y cuántos adquiridos por la provincia, con el detalle de la marca, origen y método, como así también la capacidad de procesamiento de muestras diarias de los laboratorios.
En los fundamentos, se menciona la ley de emergencia sanitaria Nº 3230, recientemente sancionada por la Legislatura y señala que la “Unidad Ley 3230 – Emergencia Sanitaria” monitoreará el avance de las acciones de gobierno; elaborará informes y recomendaciones; y desarrollará las gestiones para la difusión de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.
En ese sentido, se advierte que los únicos informes que recibió la Legislatura son los reportes epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud cada 12 horas informando la cantidad de casos positivos, negativos, sospechosos y decesos.
También se señala que, de acuerdo al reporte emitido el 7 de abril a las 20, la provincia contaba con 57 casos confirmados y 3 defunciones, a las que se sumó una nueva víctima fallecida en Loncopué en la madrugada del 8 de abril.
En ese marco, los autores y autoras del proyecto sostienen que significa una tasa de letalidad del 7,01% en la provincia y la contrastan con la tasa de mortalidad estimada en función del número de casos confirmados que a nivel mundial es del 5,7%; en América Latina alcanza el 3,6% y en la Argentina el 3,4%. “Los números a nivel provincial lucen alarmantes”, indican.
El proyecto (13213) fue presentado 13 de abril y lleva las firmas de las diputadas Ayelén Quiroga, Leticia Esteves y Karina Montecinos, y los diputados César Gass y Luis Aquín.
