Comenzaron a debatir proyecto de regularización de deudas con el EPAS

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La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia comenzó a analizar un proyecto de ley para la regularización de deudas por la prestación del servicio de agua y saneamiento que permita a los usuarios normalizar su situación de morosidad. La iniciativa fue presentada por el gobernador Omar Gutiérrez el 1º de marzo con el objetivo de generar un recupero de la deuda de usuarios con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), como así también de mejorar la situación financiera del ente. 

El cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) mantuvo la reunión bajo la modalidad de videoconferencia, al igual que lo vienen haciendo las demás comisiones legislativas, por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno ante el avance del coronavirus. En ese marco, Caparroz señaló que solicitará información al EPAS, al tiempo que gestionará un encuentro con autoridades para que expliquen los alcances de la ley.

El plan de recupero propuesto por el Poder Ejecutivo incluye condonaciones de intereses y planes de pago de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019 por el servicio agua y saneamiento. Uno de los puntos que surgió en el debate para ser analizado es la posibilidad de extender los plazos, teniendo en cuenta que el proyecto fue presentado antes de la propagación de la pandemia y, desde entonces, el escenario cambió radicalmente. 

Caparroz informó que la provincia tiene 92 mil usuarios del servicio, de los cuales 6400 tienen medidor. Señaló que la deuda con el ente es de 820 millones de pesos y que, con el plan de recupero, se estiman obtener alrededor de 200 millones de pesos que se destinarán a inversiones.

Acotó que, de acuerdo a conversaciones con el EPAS, hay acuerdo en extender los plazos hasta el 30 de abril, a raíz de la dificultad que genera la pandemia para pagar los servicios. “Lo que se busca con este proyecto es darle una posibilidad al deudor de ponerse al día y que el EPAS pueda recuperar parte de ese dinero para reinvertirlo”, explicó.

La diputada María Laura du Plessis (MPN) remarcó que las moratorias se autorizan sobre deudas devengadas y sostuvo que la intención es generar una herramienta de facilidades de pago para deuda vencida. Desde el mismo bloque, Liliana Murisi hizo eje en que el EPAS necesita la ley para llevar adelante las definiciones de exenciones, de intereses y accesorios, como así también para establecer quitas.

Desde el Frente de Todos, el diputado Darío Peralta planteó la necesidad de establecer una prórroga sin intereses para los usuarios y las usuarias que no puedan pagar en el contexto de la pandemia. Por otro lado, observó que se trata de una ley recaudatoria que va a contramano de lo que se está implementando en el marco de la emergencia. El diputado Sergio Fernández Novoa, del mismo bloque, solicitó que se invite a funcionarios del organismo. 

Su compañera de bloque, Soledad Martínez, pidió conocer la facturación mensual y el promedio de recaudación del ente, como así también incluir los períodos devengados durante la emergencia. A la vez, consideró que se trata de un proyecto “laxo” porque establece un régimen de facilidades y porcentajes de quita mientras que, por otro lado, contiene un artículo que plantea que el Poder Ejecutivo podrá disponer cualquier mecanismo durante un plazo de cinco años.

En sentido similar fue el planteo del diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) quien advirtió que “se va a producir una mora porque el agua, al no poder cortarse, es uno de los últimos servicios que la gente paga, más en época de pandemia”.

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) recalcó que el EPAS es un organismo autárquico y descentralizado y ‘per se’ tiene facultades suficientes para decidir sobre las posibilidades que plantea el proyecto. Opinó que, en ese sentido, es una redundancia y pidió que se compatibilice con la ley de creación del organismo con una mirada “con mucho realismo y transparencia”.

Su compañera de bloque, Karina Montecinos, se pronunció a favor de ampliar la posibilidad de adhesión a los planes de pago de la deuda para incluir a las personas que no están bancarizadas, como así también de los tiempos y las quitas. A la vez, observó que la propuesta otorga al gobernador permisos y atribuciones durante muchos años, por lo que pidió acotar esos plazos.

Por otro lado, planteó que el proyecto fue presentado antes de la pandemia, en un contexto en el que se pensaba una provincia con determinados ingresos y niveles de precio en el barril de petróleo, por lo que es necesario ver en qué situación se va a encontrar la provincia. 

En tanto, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) dijo que “no vemos con mucha simpatía discutir este tipo de cosas” y subrayó que el agua es un derecho esencial y fundamental que debería estar garantizado por el Estado. Asimismo, indicó que no se está considerando la situación y las consecuencias de la pandemia. 

Participaron de la reunión los diputados Maximiliano Caparroz, César Gass, Darío Peralta, Sergio Fernández Novoa, Andrés Blanco y Carlos Coggiola, y las diputadas María Laura du Plessis, Karina Montecinos, Ludmila Gaitán, Soledad Martínez y Liliana Murisi. 

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