La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió esta mañana al fiscal general José Gerez, quien defendió en la Legislatura el proyecto de ley para extender, por un año, los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva ante la situación de pandemia de COVID-19.
Gerez argumentó que, a raíz de la imposibilidad de realizar juicios orales por la emergencia sanitaria, comenzarán a vencerse algunas prisiones preventivas e hizo eje en la necesidad y en la legalidad de la propuesta. La comisión que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) funcionó con modalidad mixta, en la que hubo participación presencial, manteniendo las medidas de distanciamiento social, y a través de la plataforma de videollamada. Para continuar con el debate, el cuerpo acordó convocar para el próximo martes a representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público de la Defensa; mientras que para la semana siguiente, hará lo propio con el Colegio de Abogados y la Asociación de Pensamiento Penal.
En su exposición, el jefe de fiscales remarcó el carácter excepcional de la medida y explicó que “es una norma temporal y de coyuntura; no queda en el Código Procesal Penal”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es brindar certezas al sistema ante un problema que se está avizorando y aclaró que “lo que se pide no es la extensión automática del plazo sino que es una herramienta, un marco que puede ser utilizado”.
Gerez señaló que el proyecto tiene su origen en una preocupación de todos los representantes del Ministerio Público Fiscal “que está planteada en la imposibilidad de poder realizar juicios penales y de tener personas detenidas en condiciones de vencimiento próximo de sus prisiones preventivas”. En ese marco, enfatizó que “lo que se hace es extender la posibilidad hasta dos años. Y el fiscal, en el caso concreto, se lo va a tener que pedir al juez. No es una prórroga automática, sino que el fiscal tiene que ir ante el juez”.
Sostuvo que “en esta situación de pandemia, el plazo exiguo de un año de prisión preventiva corre peligro” y planteó preocupación por el vencimiento del plazo que permitiría “que queden liberados imputados de crímenes muy graves”. Precisó que, en la provincia de Neuquén, el 9,24% de las personas privadas de la libertad están con prisión preventiva y detalló que en la I Circunscripción Judicial hay 9 personas con vencimiento próximo del plazo de la medida cautelar.
En otro tramo, destacó que la provincia de Neuquén tiene el plazo más corto del país de prisión preventiva y señaló que se trata de una medida que sirve para neutralizar los peligros procesales. También informó que, por la pandemia, se suspendieron 58 juicios orales que debían realizarse en marzo, abril y mayo.
Gerez aclaró que “la idea no es cargar la presión a los diputados sino solicitar un marco” y subrayó que la fiscalía “no va a hacer abuso” de ese artículo. Por otro lado, señaló que la suspensión de los juicios orales en el contexto actual se decidió por un acuerdo del TSJ. A la vez, acotó que “en el Poder Judicial está la imposibilidad de llevar adelante juicios de carácter penal porque la presencia del testigo y del jurado es necesaria. Hemos evaluado de hacerlo de manera virtual pero son los casos más graves y preocupantes. No podemos ensayar con los casos más graves”.
Durante el debate, diputados y diputadas de la oposición solicitaron estadísticas y plantearon cuestionamientos al funcionamiento judicial en el contexto de la pandemia, como así también hacia las responsabilidades del Poder Judicial en el vencimiento de los plazos.
Gerez asistió a la Legislatura acompañado por los fiscales jefes Juan Agustín García y Rómulo Patti, y por el responsable del área de Planificación y Estadística, Gastón Rosenfeld.
En otro orden, la comisión votó por mayoría el despacho al proyecto de ley que crea la tasa por la retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad y protección denominado “servicio de policía adicional” y la tasa por verificación de automotores y motocicletas. La iniciativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, venía con dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Además, decidió regresar a la comisión de Desarrollo Humano y Social el despacho al proyecto que modifica la ley de creación del Centro de Atención a la Víctima. La iniciativa, impulsada también por el Poder Ejecutivo, había obtenido dictamen en esa comisión pero, a raíz de algunos cuestionamientos planteados en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, se decidió enviarlo nuevamente a la comisión de origen para trabajar sobre algunos puntos que presentaron dudas.
Participaron de la reunión los diputados Maximiliano Caparroz, Carlos Coggiola, César Gass, Andrés Blanco, Fernando Gallia, Francisco Rols, Darío Peralta, Andrés Peressini, Mariano Mansilla, y Sergio Fernández Novoa; y las diputadas María Laura du PLessis, Leticia Esteves, Liliana Murisi, Karina Montecinos, Soledad Martínez, Ludmila Gaitán y Lorena Abdala
