La Legislatura de Neuquén, aprobó este jueves en general y por mayoría con 22 votos afirmativos, la extensión excepcional de hasta nueve meses para los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).
La propuesta constituye una herramienta de carácter transitorio para el Poder Judicial y se enmarca en las condiciones especiales para prevenir la propagación del COVID-19.
Al recinto llegaron dos despachos de comisión, por mayoría y por minoría, y obtuvo la sanción en general el proyecto impulsado por el Ministerio Publico Fiscal y que contó con el acompañamiento de los bloques del MPN, Siempre, FRIN, UP-UNA, FNN, Partido Demócrata Cristiano y los diputados Luis Aquín, Leticia Esteves, Ayelén Quiroga y Karina Montecinos de Juntos por el Cambio. Por la negativa lo hicieron los bloques Frente de Todos, FIT, PTS y los diputados Cesar Gass y Lucas Castelli de Juntos por el Cambio.
En el debate quedó de manifiesto que será una ley de carácter transitorio y que surge en un contexto especial de pandemia. La norma aclara expresamente que la extensión será aplicable en los casos que, debido a la situación epidemiológica, los juicios no han podido realizarse o se encuentran suspendidos, y que será una “herramienta” que cada juez utilizará según las particularidades del caso.
Maximiliano Caparroz (MPN) como miembro informante del despacho en mayoría habló de “incertidumbre” haciendo referencia a las características de circulación del Covid-19 y mencionó la decisión que se conoció ayer por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el cual se dispuso el cese de la suspensión de agendamiento y efectiva realización de juicios en el fuero Penal y que se había dispuesto mediante Acuerdo Extraordinario. Dijo que resta saber en qué condiciones se van a reanudar los juicios pendientes en relación a los protocolos sanitarios.
En el mismo sentido se expresó el diputado Carlos Coggiola (DC) cuando dijo que el presidente del TSJ “hace una expresión de deseo” al señalar que el acuerdo aún deber ser refrendado por el pleno, y además no están propuestos los protocolos para la reanudación de las audiencias.
La iniciativa votada en general extiende en forma excepcional, hasta un máximo de nueve (9) meses los plazos legales de duración de la prisión preventiva, establecidos en los artículos 119 y 224, inciso 1), del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén (Ley 2784), en los casos en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del Covid-19.
“Nos preocupa que por este proyecto de ley un juez decida no aplicar esa retroactividad y formular una inconstitucionalidad y que esos procesados terminen en la calle” señaló el diputado César Gass (Juntos por el Cambio) al defender su despacho en minoría que implicaba una modificación al CPP vinculada a la situación del aislamiento ocasionado por la pandemia, como variable que imposibilita la realización de audiencias judiciales.
La diputada Patricia Jure (FIT) fundamentó su voto negativo en que “se está jugando con la sensibilidad y el reclamo de justicia de víctimas y de familiares de víctimas” al tiempo que Andrés Blanco (PTS) opinó que “el fiscal José Gerez usó los delitos de género para fundamentar su planteo cuando sólo 6 de las 47 causas por este tipo de delitos tiene preventiva y solo una de ellas fue elevada a juicio por jurado”.
Argumentando el voto negativo el diputado Sergio Fernández Novoa (FdT) dijo que actualmente funcionan el 90% de las actividades en la provincia por lo que “no hay argumento válido para extender la preventiva”, y le pidió al fiscal Gerez que “retire el proyecto y ponga fecha para los juicios”. En tal sentido Soledad Martínez dijo que el CPP es un sistema de normas que al modificarlo se “afecta sensiblemente varios de los principios que forman el proceso penal en la provincia de Neuquén”.
