La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén, comenzó el tratamiento del proyecto de Ley por el cual se deroga el artículo 7º de la ley 2000, de desregulación de la actividad económica de la provincia.
La diputada y miembro informante del proyecto, María Laura du Plessis (MPN) explicó que la Ley 2000 fue sancionada “como una Ley ómnibus” en el año 1992 y perseguía la desregulación de las actividades económicas dentro de la provincia del Neuquén.
Du Plessis comentó que esta derogación expresa de toda normativa considerada de “orden público” relativa a honorarios, aranceles, tarifas o cualquier forma de servicios profesionales que establecía la Ley 2000 “se produjo en un marco donde el Estado tendía a dejar de ser regulador y pasaba a ser un Estado subsidiario, para permitir que la oferta y la demanda regulen sus propias actividades sin necesidad de intervención del Estado”.
“En ese marco el artículo 7º disponía que la matriculación en los colegios las desregula y dice que no se puede exigir ninguna otra condición ni restricción más que el profesional esté matriculado en algún colegio de la República Argentina”, continuó.
La diputada señaló que “esta ley tuvo luego normativas que la complementaron, a nivel nacional hubo un decreto que estableció esta desregulación concreta y luego en el año ‘96 el decreto 240 que estableció tres requisitos para que esta desregulación de la matrícula surtiera efecto”. Asimismo, explicó que dos de los tres requisitos no se cumplieron en la provincia y que por ello el artículo 7º no cobró operatividad, “nunca debió ser aplicado, ni siquiera invocado”.
En ese sentido, du Plessis confió en que como “este artículo nunca estuvo operativo, no cambia en nada la realidad normativa y derogarlo trae más claridad a la situación”.
También adelantó que el Colegio de abogados y el Colegio de ingenieros ya habían manifestado su apoyo a la propuesta y comentó que “se presentó una nota de todas las profesiones que son reguladas desde la subsecretaría de Salud y que son muy estrictos en exigir la matriculación que les permite ejercer el control sobre los profesionales de la Salud”.
El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN), informó que se realizaron consultas a distintos colegios profesionales para que den su opinión sobre la iniciativa y propuso dejar el tema en la comisión “para su análisis y a la espera de recibir otras opiniones para poder avanzar con el debate».
También durante la comisión, el presidente informó que la directora provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas, Dra. Laura Vargas Giorgia, había dado respuesta a la solicitud de información la semana pasada a través de una nota enviada a presidencia y que el informe de más de veinte páginas sería enviado a los integrantes de la comisión para su conocimiento.
La misma contiene información sobre la cantidad de nacimientos y defunciones inscriptos en la provincia y la modalidad adoptada para realizar dichos trámites, desde que fueron declarados servicios esenciales por la Decisión Administrativa 450/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Participaron de la reunión de la comisión las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Karina Montecinos y Leticia Esteves, y los diputados Maximiliano Caparroz, Andrés Blanco, Sergio Fernández Novoa, César Gass, Darío Peralta y Andrés Peressini.
