Despacho para suspender las subastas judiciales a prestadores públicos y privados del Sistema de Salud

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La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina aprobó por amplia mayoría el despacho que unifica dos proyectos de ley para suspender todas las actuaciones procesales tendientes a la subasta de bienes muebles e inmuebles de prestadores médicos asistenciales, públicos o privados, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud.

El plazo indicado en el despacho aprobado y que incluye a establecimientos geriátricos y de rehabilitación, estará sujeto a la ley 3230 de Emergencia Sanitaria, es decir que se extenderá por 180 días, prorrogable por un período idéntico.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN), comentó que se tomó la sugerencia de los asesores del Ejecutivo provincial para adecuar la duración de esta medida a la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria, “para no generar un desfasaje con otras medidas que se están tomando desde el Ejecutivo” en torno a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Caparroz reconoció que son varias las clínicas que están pasando una situación difícil y citó, en tal sentido, la compleja situación judicial del policlínico ADOS que podría terminar en la quiebra y posible remate de la tierra. Dijo que “es importante que ADOS siga funcionando por la cantidad de camas, el recurso humano que aporta y para que con su cierre no se resienta al sistema público de salud”.

La propuesta fue acompañada por las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Martínez y Karina Montecinos, y los diputados Maximiliano Caparroz, Sergio Fernández Novoa, Darío Peralta, César Gass, Carlos Coggiola, Andrés Peressini, Carlos Sánchez y Fernando Gallia. 

Por la negativa se expresó el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT), quien argumentó que “estamos en contra de privilegiar a los sectores corporativos de la medicina y este proyecto es una línea de salvaje para el sector privado”.

La comisión también aprobó el despacho por el cual se deroga el artículo 7º de la Ley 2000, de desregulación de la actividad económica de la provincia, que ya contaba con despacho de la comisión “B”.

La diputada María Laura du Plessis (MPN) recordó que la Ley 2000 era una ley ómnibus que, entre otras cuestiones “dejaba librada a la libre oferta y demanda los servicios profesionales”, nunca estuvo operativa porque no se cumplieron los requisitos para su aplicación y que, por el contrario, “la provincia avanzó en la regulación creando Colegios y generado matrículas de distintas profesiones”.

En este sentido, du Plessis opinó que “la matrícula tiene un sentido de control que el gobierno delega en los Colegios” e informó que muchos de esos Colegios de profesionales adhieren al proyecto en debate.
La iniciativa contó con los votos favorables de las diputadas du Plessis, Gaitán, Martínez y Montecinos, y los diputados Caparroz, Fernández Novoa, Gass, Coggiola, Peressini, Sánchez y Gallia. El diputado Blanco no acompañó.

Finalmente, la comisión comenzó a debatir el proyecto de ley por el cual se adhiere a la ley nacional 27551, modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, y regulatoria del contrato de locación, conocida como «Ley de Alquileres”.

El diputado Sergio Fernández Novoa (FT) opinó que la sanción de la ley nacional de alquileres “ha sido muy importante como paliativo para miles de personas con dificultades habitacionales en todo el país y en Neuquén también”; a la vez que explicó los beneficios que la ley nacional recientemente sancionada implica para los inquilinos.

Asimismo, informó que el despacho sugerido desde el Frente de Todos agrega en su articulado que “a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la ley 27551, encomienda al poder judicial de la provincia del Neuquén el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje previos y obligatorios, gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa”.

Por su parte, la diputada du Plessis adelantó que desde el bloque del MPN acompañan la propuesta que “trae aspectos procesales como la resolución de conflicto entre partes en una instancia de mediación previa a la judicial” y señaló que otras provincias ya cuentan con esta herramienta que en el fuero civil y comercial de la provincia de Neuquén no existe.

Por su parte, el diputado Carlos Coggiola (DC) advirtió que “estamos haciendo un embrollo jurídico de la manera en la que está planteado el proyecto”. Dijo adherir a la idea de fondo pero solicitó que se arregle su redacción.

El diputado Mariano Mansilla (FT) estuvo de acuerdo en que “la conciliación previa que no existe en Neuquén en materia civil y comercial, implica que ante un conflicto el juez llama a un acuerdo previo que es muy beneficioso porque evita los altos costos de la judicialización” y acordó en que “la redacción puede corregirse”.

El presidente de la comisión informó que se enviarán las dos propuestas al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para consulta antes de proseguir con el debate.

Participaron de la reunión las diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Soledad Martínez, Lorena Parrilli, Leticia Esteves y Karina Montecinos, y los diputados Maximiliano Caparroz, Sergio Fernández Novoa, Darío Peralta, Fernando Gallia, César Gass, Carlos Coggiola, Carlos Sánchez, Andrés Peressini, Andrés Blanco y Mariano Mansilla.

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