El presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar, y los referentes de Barrios de Pie, Sebastián Íbalos y Gladys Aballay, presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia social en la provincia durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La iniciativa dispone una serie de medidas destinadas a garantizar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población que tendrán vigencia hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria.
Entre ellas, duplicar los montos de los programas sociales provinciales y de la Tarjeta Alimentar; implementar una asignación para víctimas de violencia de género; duplicar partidas para garrafas y leña; prohibir cortes de servicios públicos por falta de pago a personas cuyos ingresos hayan sido afectados por el Covid-19; exceptuar del cobro de esos servicios a las organizaciones civiles que brindan asistencia durante la emergencia; y garantizar el funcionamiento de los dispositivos de atención a mujeres y personas LGTBIQ en situación de violencia de género.
También propone incrementar en un 50% las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los montos del alquiler de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad; implementar un programa de asistencia a comedores y merenderos comunitarios; y garantizar el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes; a insumos sanitarios para las organizaciones sociales que brindan asistencia; y a internet para quienes se encuentran recibiendo educación virtual.
Los fundamentos mencionan que las restricciones impuestas para prevenir el contagio del COVID-19 aumentaron las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de amplios sectores de la población. Agregan que la demanda en comedores y merenderos aumentó un 40% desde la implementación de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A la vez, mencionan que la ley de emergencia sanitaria Nº 3230, aprobada por la Legislatura el pasado 26 de marzo, necesita ser acompañada por otra normativa que garantice el acceso a la alimentación, la vivienda y los servicios básicos, elementos fundamentales para la salud integral de la población.
