La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) recibió este miércoles al representante de la provincia en la AIC, Elías Sapag.
Lo hizo en el marco del tratamiento del proyecto que se pronuncia a favor de que Nación no prorrogue los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue que vencen en el 2023 y que se transfiera la posesión a las provincias en tanto titulares del recurso hídrico. El cuerpo que preside la diputada María Laura du Plessis (MPN) acordó retomar el debate en la próxima reunión de comisión.
Al hablar, Sapag –quien además es integrante del Organismo Regulador de la Seguridad de Presas, ORSEP- dijo que tanto Neuquén como Río Negro deberían “sentarse en una mesa con Nación para alcanzar una ley de participación, no de imposición” a fin de que, frente al vencimiento de las concesiones en tres años, se elabore un esquema “consensuado que indique el camino y no una ley con letra muerta”.
En ese sentido, remarcó la importancia de mancomunar esfuerzos de diálogo entre Nación y las jurisdicciones involucradas a través de los funcionarios nacionales de las carteras de Energía y los representantes parlamentarios y funcionarios locales en la materia.
“Hay que tener en cuenta la seguridad de la vida y de los bienes de los habitantes”, sostuvo Sapag, tras indicar que para la reversión de las concesiones se debe discutir “la propiedad pero también la conveniencia” para las provincias, las que deberán asegurarse el adecuado estado de las represas hoy concesionadas.
Si bien indicó que las centrales “están en excelentes condiciones y excelentemente vigiladas”, Neuquén deberá poner condiciones frente a Nación, tales como el estado de las represas en materia electromecánica y de infraestructura.
En ese sentido, se pronunció a favor de un estudio de estado de situación o auditorías que justamente arrojarán los condicionamientos de la provincia para tomar la posesión de las represas.
En otro tramo, Sapag aseguró que la región cuenta con “materia gris de construcción y administración” para un futuro control de las centrales hidroeléctricas en cuestión, pero insistió en la necesidad de avanzar mediante acuerdos con Nación.
Durante su intervención, Sapag mencionó además los alcances de la AIC y su situación actual en relación a la administración, control, uso y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Dijo que el organismo percibe el 1.5 de la facturación que Nación hace a las hidroeléctricas, fondos que resultan insuficientes para hacer frente a las actividades inherentes del organismo, en especial la ejecución de obras de defensa que dejaron de hacerse hace siete años.
En ese sentido, remarcó que en la actualidad, la AIC realiza monitoreos del manejo del agua, así como también controles ambientales y de seguridad.
Según se desprende del proyecto en debate, presentado por el bloque Juntos por el Cambio, las centrales cuyas concesiones fueron otorgadas por decreto nacional en el año 1993 y vencen en tres años son las centrales hidroeléctricas Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito; las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar, la planta hidroeléctrica Alicurá y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila.
Participaron de de la reunión que se desarrolló en forma virtual y presencial, las diputadas María Laura du Plessis, Leticia Esteves, Laura Bonotti, Karina Montecinos, Liliana Murisi y Lorena Parrilli; y los diputados Gonzalo Bertoldi, Andrés Blanco, Maximiliano Caparroz, Sergio Fernández Novoa y José Muñoz.
