Los aportes estarán destinados a la ejecución de políticas sociales relacionadas a violencia familiar, violencia de género y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A través del Decreto 797/2020, emitido por el Poder Ejecutivo provincial, el ministerio de Desarrollo Social y Trabajo otorgará aportes no reintegrables correspondientes al período mayo-diciembre de 2020 a municipios y comisiones de fomento para garantizar una rápida y oportuna respuesta a los ciudadanos que se encuentren en situaciones de riesgo, o cuyos derechos son vulnerados. Los recursos serán destinados exclusivamente para dar cumplimiento a los dispositivos de aplicación de las Leyes N° 2302, N° 2743 y N° 2785.
La ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, firmó 27 convenios municipios y comisiones de fomento para efectuar la transferencia de fondos que beneficiarán a los municipios y comisiones de fomento de Coyuco- Cochico, El Sauce, Guañacos, Paso Aguerre, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Aluminé, Andacollo, Añelo, Caviahue/Copahue, Chos Malal, El Cholar, Junín de los Andes, Las Lajas, Las Ovejas, Los Miches, Mariano Moreno, Pircún Leufú, Plaza Huincul, San Martín de los Andes, Senillosa, Taquimilán , Villa el Chocón, Villa la angostura, Villa Pehuenia, Zapala y Plottier.
De esta manera, la Provincia otorgará 31.441.460 de pesos no reintegrables para fortalecer políticas de prevención y atención en los gobiernos locales. Esta acción se enmarca en el convenio de descentralización de políticas públicas sociales, entendiendo que son los municipios y comisiones de fomento los que pueden dar una respuesta más rápida y certera a las problemáticas de violencia y vulneración de derechos en el territorio.
Asimismo, la normativa establece una serie de especificaciones en relación a las acciones concretas que deben realizar los gobiernos locales para cumplir con las leyes vigentes. En cuanto a las situaciones de violencia familiar o de género, estos deben brindar apoyo y resguardo de las víctimas, así como acompañamiento a los centros de salud y comisarías. También, deben proveer de ayuda psicosocial para desaprender el modelo de conductas violentas, y ejecutar planes y programas de fortalecimiento y promoción social, y planes de asistencia a la emergencia.
