Los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, Frente de Todos y PTS-FIT presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén para que la provincia adhiera a la Ley 27.350, de «Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados».
La iniciativa cuenta con la firma de 16 diputados y diputadas y tiene por objeto regular la investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de Cannabis y sus derivados en el territorio provincial.
Lo hace al permitir que el Sistema Público de Salud de la Provincia incorpore el uso del Cannabis y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. De igual modo, la norma fija que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) garantice la cobertura de su uso y también autoriza la prescripción de Cannabis y sus derivados para profesional veterinario para aplicarlo en animales no humanos.
En otro orden, la iniciativa deja sin efectos las restricciones para su autocultivo siempre y cuando la persona que lo realice se encuentre inscripta y autorizada por el por el Registro Provincial de Cultivadores de Cannabis Medicinal. Bajo estas dos prerrogativas, la normativa permite el consumo personal, familiar o aplicable a animales no humanos.
Al respecto, deja en claro que podrán formar parte del registro tanto pacientes, familiares de pacientes y tenedores responsables de pacientes animales no humanos que cuenten con la debida prescripción médica para ser usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis. Aclara que los datos personales que se incorporen al registro estarán resguardados por tratarse de información estrictamente confidencial.
En otro orden, la iniciativa deroga la ley 3042, que permite el uso de cannabidiol para tratar y paliar las consecuencias de una serie de síndromes y patologías, hace recaer en la cartera de Salud la autoridad de aplicación de la normativa y crea un Consejo Consultivo constituido por 15 representantes de distintas áreas de gobiernos, poderes del Estado y asociaciones civiles y académicas vinculadas con la temática.
Remarca que entre sus funciones se destaca la coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación y con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de la ley; el diseño de pautas y protocolos de investigación y la articulación de acciones junto al INTA y universidad para asesorar y capacitar sobre semillas, variedades, plantaciones y cosechas a las personas inscriptas en el registro de cultivadores de cannabis medicinal.
También añade que el Ministerio de Salud podrá celebrar convenios para contar en un futuro con un banco de semillas destinado a favorecer la investigación y a aprovisionar a los autocultivadores que las requieran.
Recuerda en sus fundamentos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contemplan que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental.
En ese sentido, menciona como antecedente que en los últimos tres años la Justicia Federal falló a favor del uso de cannabis medicinal en más de 20 casos y cita como ejemplo la primera vez que se autorizó a una madre a realizar el cultivo de la planta de cannabis para extraer aceite y dárselo a su hijo de seis años que padecía Neurofibromatosis, hecho que ocurrió en Salta en 2018.
El proyecto (13869) ingresó por Mesa de Entradas el 20 de octubre con la firma de los diputados Lucas Castelli, Luis Aquín, César Gass (JC), Andrés Blanco (PTS-FIT), Gonzalo Bertoldi, Osvaldo Peralta, Sergio Fernández Novoa y Mariano Mansilla (FT) y las legisladoras Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu, Soledad Martínez, Teresa Rioseco, Lorena Parrilli (FT), Leticia Esteves, Karina Montecinos y Ayelén Quiroga.
