Comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Cielo López

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«Cuando termine este debate les vamos a pedir que declaren culpable a A.E.E».  Con estas palabras en el alegato de apertura, el fiscal jefe Juan Agustín García planteó al jurado popular que durante el desarrollo del juicio por el femicidio de Laura “Cielo” López, el Ministerio Público Fiscal demostrará la culpabilidad del hombre que fue imputado en el caso.

El juicio por jurados comenzó este lunes a las 9.15 y es el primero que se realiza bajo esta modalidad de forma presencial en pandemia de COVID-19 en la provincia. Por esta razón, se desarrolla en la Legislatura provincial, un lugar que garantiza mejores condiciones para el distanciamiento social de quienes participan. También se aplica un protocolo sanitario específico que fue elaborado por las autoridades judiciales.

El fiscal general José Gerez estuvo presente en el inicio del juicio, donde acompañó a familiares de la víctima. Minutos antes de la audiencia, destacó y agradeció el papel de operadores judiciales e integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Legislatura provincial, que brindó el espacio para poder llevar adelante el juicio, pero principalmente de los y las ciudadanas que integran el Jurado Popular.

“Quiero destacar la participación ciudadana en este juicio. Porque más allá del compromiso y del esfuerzo que hacemos los operadores judiciales para poder llevar adelante los juicios penales y que no se suspendan en épocas de pandemia, es importante destacar que este es un juicio por jurados que se lleva adelante con la participación ciudadana”, afirmó el fiscal General.

El jurado popular está integrado por 16 personas, de las cuales 12 son titulares y 4 suplentes, distribuidos en partes iguales por sexo. Desde hoy y hasta el viernes, escucharán el relato de alrededor de 30 testigos entre familiares de la víctima, efectivos de Policía provincial y médicos y criminalistas del Cuerpo Médico Forense, quienes aportarán pruebas sobre las cuales deberán resolver la culpabilidad o no del imputado. Para un veredicto de culpabilidad, son necesarios al menos 8 votos de los 12 integrantes titulares. Un número menor a ese, implicará un veredicto de no culpabilidad.

El delito que el fiscal jefe Agustín García atribuyó al imputado fue homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 80, incisos 7 y 11, 119 tercer párrafo, 45 y 55 del  Código Penal).

En síntesis, la teoría del caso que presentó el fiscal jefe fue que el 13 de septiembre de 2019 por la madrugada, cerca de las 3.40, A.E.E pasó a buscar a la víctima por su casa y luego fueron hacia la casa de él, en la ciudad de Plottier. Una vez en el inmueble, el acusado abusó sexualmente de ella.

Luego, con el objetivo de lograr impunidad en torno a esa conducta, la agredió físicamente con un elemento en la cabeza que le provocó la muerte. Después, seccionó el cuerpo de la víctima y se dirigió hacia la zona conocida como paraje China Muerta, donde arrojó las partes del cuerpo al río Limay, en un sector denominado Los Espigones. El domingo 15 de septiembre, pescadores encontraron  partes del cuerpo y al día siguiente se halló el resto aguas abajo. 

El acusado está detenido actualmente con prisión preventiva. El pasado 18 de septiembre cumplió el año de prisión preventiva máximo previsto en el artículo 119 del Código Procesal Penal. Desde la fiscalía se requirió que se aplique la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”.

El fiscal jefe Juan Agustín García, interviene en el juicio junto a las fiscales del caso Sandra Ruixo y Carolina Mauri, y Lucrecia Sola y Federico Puisegur, integrantes del Ministerio Público Fiscal. El abogado querellante es Marcelo Henriksen Velazco; los abogados defensores Elio García y Maximiliano Gómez; y el juez de garantías que dirige el debate, Lucas Yancarelli.

Para realizar el juicio, tanto en la etapa de selección del jurado popular como en el desarrollo, trabajó personal de la Oficina Judicial y de la Legislatura provincial.

El pedido para utilizar la sede de la Legislatura provincial lo hicieron el fiscal general José Gerez y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Soledad Gennari, cuando le pidieron al vicegobernador Marcos Koopmann en septiembre pasado, que el juicio se realice en el recinto legislativo.

Este juicio por jurados es el número 50 que se realiza en la provincia desde 2014, cuando se implementó la Reforma Procesal Penal que cambió el funcionamiento de la justicia penal y estableció esta modalidad de juzgamiento para juzgar los delitos más graves.

Antes del comienzo del juicio, el juez que dirige el debate dio las instrucciones generales a los y las integrantes del jurado popular. «Tengan en cuenta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; ustedes deben valorar sólo la prueba que genere durante el debate; le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad del imputado; no busquen información del caso en otros ámbitos; deben tener la certeza para condenar, si tienen dudas deben absolver; si el acusado permanece sin declarar, eso no puede ser valorado en su contra», fueron algunas de las que mencionó.

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