Asociaciones gremiales y de la sociedad civil presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Neuqupen para garantizar el acceso a la educación en el actual contexto de pandemia, así como también postpandemia.
La medida se enmarca en la emergencia sanitaria declarada tanto por el gobierno nacional como por el provincial, a partir de la circulación del COVID-19 en la región.
La ley apunta a garantizar el acceso a la educación en el actual escenario sin clases presenciales y, a tal fin, establece “las condiciones elementales para asegurar el acceso, permanencia, egreso y recurrencia de niñxs, jóvenes y adultxs en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial”. El gobierno provincial adoptará las medidas necesarias para asegurar los procesos de enseñanza y de aprendizaje como obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado provincial.
La propuesta regula aspectos vinculados a la conectividad, compensación de gastos y provisión de elementos de trabajo, infraestructura edilicia, acompañamiento educativo, condiciones laborales en el marco de la emergencia, comité de evaluación y seguimiento y, finalmente, financiamiento.
En cuanto al derecho a la conectividad, se reconoce el acceso a los servicios de conectividad e Internet como una condición esencial y determinante de acceso a la educación y al conocimiento en todo el sistema educativo. A tal fin, el Ejecutivo dispondrá de “partidas presupuestarias suficientes para garantizar el acceso equitativo a la conectividad y a los recursos tecnológicos adecuados”. Se distribuirán dispositivos tecnológicos con acceso gratuito a la red de internet, priorizando sectores de mayor vulnerabilidad social.
A la vez, el Ejecutivo compensará por los gastos de conectividad y/o de consumo de servicios que afronta el plantel docente por la prestación de su tarea de forma remota. Además, proporcionará el equipamiento (tanto hardware como software) y todo el soporte necesario para el desarrollo de las tareas. La compensación por gastos de conectividad y la provisión de elementos de trabajo se incorporan como derechos docentes de carácter permanente”.
Asimismo, se creará un programa específico para la adecuación de la infraestructura escolar, que implicará refacciones y reformas necesarias para mantener la funcionalidad de las escuelas como espacios de uso comunitario. Además, estará orientado a satisfacer los requerimientos elementales dispuestos por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
A fin de asegurar el apoyo y acompañamiento escolar, se incrementarán las horas y los cargos docentes en todos los niveles. Los gastos se afrontarán con partidas que asignará el Ejecutivo, facultado por la ley de Emergencia sanitaria, N°3230.
La propuesta contempla la creación de un Comité de Evaluación y Seguimiento con representación proporcional de todos los bloques políticos de la Legislatura. El órgano podrá peticionar la realización de sesiones especiales, recepcionar y gestionar reclamos de la comunidad educativa, convocar a representantes del Concejo Provincial de Educación y de todo organismo que considere necesario para garantizar el cumplimiento de la ley.
Los fundamentos mencionan que la ley que declaró la emergencia sanitaria en la provincia prevé la implementación, por parte del Ejecutivo provincial, de los sistemas de educación alternativa virtual o a distancia. Sin embargo, a más de medio año de decretado el aislamiento social y el dictado de clases no presenciales, la situación educativa presenta numerosas dificultades, vinculadas a la falta de presupuesto, a la no provisión de elementos que faciliten las condiciones del dictado de clases de manera remota tanto para docentes como para estudiantes, entre otras.
El escenario actual demanda que se aseguren “las condiciones de acceso a la educación y al conocimiento en tiempos de emergencia sanitaria, la que no solo se restringe a la PANDEMIA COVID19, sino a una situación que tendremos con vistas al Ciclo Lectivo 2021 y que estamos a tiempo de anticipar”, sostiene la fundamentación.
El proyecto de ley (13888) ingresó por Mesa de Entradas el 28 de octubre, firmado por 25 asociaciones gremiales y organizaciones sociales, entre las que figuran ATEN, Foro 2302, ANEL, SEJUN, APDH, ATE, ADUNC, UPCN, MUTEN, SITRAMUNE, BARRIOS DE PIE Y Liga por los Derechos Humanos Neuquén, entre otras.
