A partir de la intervención del fiscal jefe Agustín García y la asistente de la fiscalía Verónica Zabala, un juez de garantías volvió a ratificar que todos los acusados por el crimen del policía Luis Gabriel Nahuelcar seguirán detenidos en prisión preventiva.
La situación fue analizada en numerosas oportunidades y una vez más, durante una audiencia realizada este lunes mediante la modalidad de videollamada, el tribunal consideró que para poder llegar a la etapa del juicio con todos los imputados es necesario mantener la medida cautelar.
Los imputados son E.M.D; E.C; J.L.E; M.A.D; L.C; W.D y J.A.C. Todos están acusados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por ser la víctima un policía en ejercicio de funciones y por haberse realizado con el concurso premeditado de dos o más personas (Artículos 80, incisos 6 y 8; 41 bis y 45 del Código Penal).
La audiencia se realizó a partir del abogado particular de dos de los acusados, pero al que luego se acopló la defensa pública, con el objetivo de solicitar que se pasara de un régimen de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Frente al planteo, la representante de la fiscalía se refirió a todas las ocasiones en que se pidió morigerar la prisión preventiva y solicitó el rechazo al juez de garantías.
“La prisión preventiva se impuso el 25 de noviembre y se confirmó el 30 de noviembre por unanimidad. Se volvió a discutir el 30 de diciembre y se volvió a confirmar el 4 de enero. Luego, el 13 de enero, se confirmó en impugnación”, detalló Zabala respecto de todas las oportunidades en que distintos tribunales acompañaron la postura de la fiscalía. Explicó que para confirmar la medida cautelar, “en todas esas audiencias se evaluó el hecho, la pena grave en expectativa, la conducta de los imputados en el proceso y el domicilio que se ofrecía como alternativa”.
Tras escuchar las distintas posiciones, el juez a cargo de la audiencia ratificó la vigencia de la prisión preventiva para todos los imputados y destacó que, frente a la proximidad del juicio (tiene fecha programada para fines de abril), modificar la medida cautelar podría poner en riesgo la finalización del proceso.
