En una audiencia de impugnación realizada en la ciudad de Cutral-Có, la fiscal del caso Gabriela Macaya solicitó que se ratifique la prisión preventiva impuesta por cuatro meses a un hombre, que se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar, y a una mujer, por prestar colaboración en el hecho e intentar entorpecer la investigación.
Durante la audiencia, en la que se discutió la medida cautelar impuesta, la fiscal del caso solicitó que se confirme la prisión preventiva que vienen cumpliendo los imputados. En ese contexto, explicó al tribunal que en la audiencia de formulación de cargos el juez de garantías hizo lugar a la medida entendiendo que se encontraba acreditado el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Y que para ello tuvo en cuenta las características del hecho, la gravedad del mismo, la expectativa de la pena y la solidez de la imputación. Macaya agregó que el magistrado entendió que otra medida cautelar no va a garantizar los fines del proceso.
Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que la medida fue luego ratificada por un tribunal revisor, quien aseguró que la decisión dispuesta fue “fundada, no arbitraria, proporcional y razonable”.
En la audiencia también intervino la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente Gabriela Bianco, quien adhirió al pedido de la fiscalía.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal de impugnación ratificó por unanimidad la prisión preventiva impuesta para ambos imputados. Los magistrados entendieron que se encuentran acreditados los riesgos procesales expuestos por la fiscalía. “La resolución adoptada por los jueces revisores se ajustan a los fundamentos que la ley establecen y no hay arbitrariedad”.
Reseña
En la audiencia de formulación de cargos realizada el 19 de marzo pasado, la fiscalía le imputó al hombre el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años en su modalidad continuada y corrupción de menores, en concurso ideal; tenencia de arma de fuego de uso civil condicional sin autorización legal, que concursa de manera real, en calidad de autor, (artículos 119 párrafo tercero y cuarto inciso “f”, 125, 189 bis, apartado segundo, párrafo primero, 54, 55 y 45 del Código Penal).
En la misma audiencia le atribuyó a la mujer los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años, en calidad de cooperadora; y corrupción de menores, en concurso ideal con encubrimiento agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, en concurso real y en calidad de autor (artículos 119, tercer y cuarto párrafo, incisos “b” y “f”, 125, 133, 277, apartado tercero inciso “a”, 189 bis, apartado segundo párrafo primero, 54 y 55 del Código Penal).
Además, Macaya había requerido como medida de coerción que el imputado y la imputada queden detenidos con prisión preventiva por el plazo de seis meses, a lo cual se le hizo lugar por un lapso de cuatro meses. La fiscal de caso fundamentó su pedido en la existencia de peligro de fuga y peligro de entorpecimiento a la investigación.
La representante de la fiscalía sostuvo que la medida es necesaria para asegurar el testimonio de la víctima bajo la modalidad de Cámara Gesell, y que no existe una medida cautelar más efectiva que pueda asegurar los fines del proceso.
La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es que los hechos ocurrieron en fecha indeterminadas, pero entre mayo de 2018 y el 31 de mayo de 2020 en una vivienda familiar ubicada en un barrio de la ciudad de Cutral-Co.
El acusado abusó sexualmente de la niña perteneciente a su entorno familiar, aprovechando la convivencia y en el lapso temporal mencionado.
A la mujer se le atribuyó que el 31 de Mayo de 2020, momentos previos a las 14:30, cooperó con el imputado para que pudiera cometer el hecho “al no haber intervenido para impedir que perpetre el último hecho, toda vez que se encontraban juntos en el mismo hogar donde convivían”.
Asimismo, la fiscal del caso le imputó a la mujer que ayudó al imputado a “eludir la investigación brindando una versión falsa de los hechos” en relación a lo ocurrido el 31 de mayo. Además, Macaya agregó que “la mujer intentó ocultar rastros y de este modo entorpecer la investigación”.
Por último, a ambos imputados se les imputó que el 2 de junio de 2020, luego de practicarse una diligencia de allanamiento en su vivienda, se secuestró un arma de fuego que tenían en su poder sin contar con la debida autorización legal.
