Las diputadas Ayelén Gutiérrez y Soledad Salaburu, del Frente de Todos, presentaron un proyecto de resolución que solicita a la Subsecretaría de Derechos Humanos que informe sobre el cumplimiento de la ley 3233, de creación del Registro provincial de Violencia Familiar y de Género.
La iniciativa también consulta sobre la cantidad de personas registradas de los distintos estamentos del Estado; conocer las medidas adoptadas con quienes actualmente se desempeñan en el ejercicio de sus funciones y son parte del registro; y las disposiciones o resoluciones realizadas por las instituciones estatales con respecto a las personas registradas.
En los fundamentos, las autoras señalan que el registro tiene la facultad de identificar, a través de datos estadísticos, quiénes y cuántos son los funcionarios, empleados y agentes dependientes del Estado Provincial y Municipal que hayan violado las leyes provinciales de protección y asistencia a víctimas de violencia familiar y contra las mujeres, 2785 y 2786. A la vez, remarcan que es el mismo Estado el responsable de prevenir, sancionar y garantizar los dispositivos de resguardo para las víctimas.
Por otro lado, mencionan que la ley 3233 fue sancionada durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19 y subrayan que, durante el contexto de encierro, las denuncias a la línea nacional por violencia de género, se incrementaron en un 25%.
El proyecto (14323) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de mayo.
