Integrantes de una agrupación de padres y madres preocupados por la salud integral y educación de niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia, denominada Padres Organizados Neuquén, presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para que se declare a la educación como servicio público esencial.
La iniciativa establece que las autoridades educativas deberán adoptar las medidas necesarias para compensar los días de clase presenciales perdidos por cualquier concepto, hasta completar el mínimo legal fijado.
De igual modo, plantea que los servicios deben asegurarse para el funcionamiento del sistema educativo mientras dure el impedimento de cualquier índole e incluyen el cumplimiento diario del 50% del dictado de clases presenciales durante cada turno y del 100% del turno que corresponda a los comedores escolares y de la jornada educativa integral de los centros educativos especiales. Por otro lado, dispone que los establecimientos educativos de cada distrito se mantengan abiertos, garantizando un servicio mínimo para que los alumnos permanezcan en ellos con bioseguridad, seguridad y contención, durante toda la jornada escolar.
El proyecto contempla un sistema que deberá poner en marcha cada distrito para que los directores o directoras de cada escuela informen a la autoridad superior mediante documento público para constatar la efectiva prestación del servicio público esencial. Indica que ante cualquier supuesto que implique la afectación del servicio público esencial de educación, los trabajadores docentes y no docentes deberán prestar servicios mínimos para evitar la interrupción del servicio. Si resultaran insuficientes para cumplir con el servicio mínimo, las autoridades de cada distrito fijarán los servicios mínimos indispensables para evitar la interrupción de los mismos y determinarán la cantidad de trabajadores que asignará para su ejecución, las pautas horarias y la asignación de funciones.
En la exposición de motivos, quienes impulsan el proyecto argumentan que la provincia es garante en su jurisdicción de los derechos constitucionalmente reconocidos a sus habitantes y, en ese marco, consideran que la educación debe recibir la asignación de servicio público esencial dado que el lapso comprendido por la declaración de emergencia sanitaria produjo en los niños, niñas y adolescentes situaciones generales que lesionan su derecho a una salud integral, reconocida en la Constitución Provincial.
Remarcan que debe priorizarse el retorno y permanencia de los alumnos y alumnas, como así también el desarrollo de todos los protocolos referidos a la burbuja de aislamiento y control de contagios en el contexto de pandemia, y sostienen que “ha quedado claramente demostrado la baja y nula incidencia de las clases presenciales en la cadena de vectores de contagios de cualquier enfermedad producida por el agente que sea”. Agregan que los derechos de los niños, niñas y adolescentes “son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”.
El proyecto (14381) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo y lleva las firmas de Gerardo Néstor Minnaard, María Magdalena Marso, Mercedes Isabel Sáenz Rozas, María Fernanda Rodríguez, Adriana Franchi, Lucrecia Majul, Pablo Amado, Javier Gunzinger y Alicia del Carmen Correa.
