La comisión interpoderes creadas a partir de la Resolución 1.111 impulsada por el vicegobernador de la provincia de Neuquén, Marcos Koopmann para revisar la normativa vigente y las nuevas iniciativas referidas a los derechos de las mujeres y especialmente orientada a combatir la violencia contra las mujeres, comenzó el debate en torno a los marcos cautelares contenidos en las Leyes 2785 que crea el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, y la 2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
La comisión que es presidida por la vocal del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén, Soledad Gennari, incluyó en el análisis el compendio de leyes de género publicado por la Honorable Legislatura del Neuquén; el Protocolo Único de Intervención creado por la Comisión Interinstitucional para colaborar en la Implementación de la Ley 2785 en 2017; la ley 3.233 que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género; y Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Al iniciar el debate, la presidenta del cuerpo retomó conceptos de la reunión anterior respecto de que la violencia basada en el género es un término que no se termina de comprender en tanto tiene que ver con las desventajas y asimetrías del poder y empleó la definición de las Naciones Unidas y el caso de Belém do Pará que dio origen a la creación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, para abordar los tipos y ámbitos de este tipo de violencia.
La funcionaria remarcó que tanto nuestra legislación nacional como la provincial es cuantiosa y reproducen el marco conceptual de la Convención Interamericana, sin embargo, señaló “tenemos leyes donde ya sea por la modalidad o por el ámbito donde ocurre la violencia generan distintas intervenciones al mismo problema aunque la víctima es una sola”.
En ese sentido, Gennari diferenció las leyes provinciales 2785 y 2786 en tanto “una legisla sobre la violencia hacia la mujer que transcurre de la puerta para adentro y la otra de la puerta para afuera” y abordó la dificultad que ocasiona la diversidad de competencias y de intervenciones que un mismo caso y con una misma víctima disparan.
Gennari insistió en que “se requiere una política pública que genere un espacio de seguimiento y donde se compartan recursos interinstitucionales”.
“Hoy tenemos una dispersión en los recursos institucionales que desgasta porque aunque tenemos un Protocolo Único de Intervención, se necesita una guía de recursos interinstitucionales actualizada para intervenir rápidamente”, dijo Gennari y recordó que ese trabajo era realizado por un equipo técnico que funcionaba en la órbita de la Comisión de Revisión de la 2785, y lamentó que ya no se hace.
La funcionaria advirtió que “antes de ordenar medidas cautelares que no sabemos si se van a poder cumplir, tenemos que conectar la información y saber con qué recursos contamos”. Y agregó que, además hay que elaborar otros soportes para pueblos y parajes del interior con escaso o nulo acceso a internet porque “hay parajes donde no hay una comisaría o un agente sanitario que pueda tomar una denuncia”.
Por su parte, la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui, explicó que el órgano de aplicación de la 2785 y el Protocolo Único de Intervención surgió del trabajo conjunto de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social y que “luego ese trabajo se llevó en capacitaciones a toda la provincia” pero recordó que a partir del 2017 la Comisión Revisora empezó a desaparecer y que tras el surgimiento de la línea 148 el trabajo fue separado y absorbido por otras áreas que “ante la falta de una estructura que contenga el trabajo específico de esta comisión, quienes la integraban se reacomodaron en otras estructuras, con lo cual ese equipo técnico especializado ya no existe”.
Maistegui observó que al extinguirse esa comisión “todos los Poderes estamos en cierta forma incumpliendo una parte importante de la Ley” y convocó a que entre las recomendaciones urgentes que haga la Comisión Interpoderes se pida recuperar la estructura con un equipo de trabajo especializado y abocado a esa tarea que permita visibilizar el trabajo de todos los equipos.
Al retomar la importancia de actualizar el Protocolo Único de Intervención, la referente del Ministerio Público Fiscal, Carolina Mauri, señaló que cuando se creó ese protocolo no existía la Línea 148 y “sabemos que hacen un gran trabajo que hoy es esencial y hay que incorporarlo”.
A su turno, Soledad Salaburu (FT) pidió que se aprovechen los recursos que ya existen “para evitar superponerlos y revictimizar” y señaló el trabajo que realizan las promotoras barriales que son mujeres capacitadas para ayudar y acompañar a aquellas que sufren violencia.
La presidenta de la comisión retomó el caso de Belém do Pará para referirse a la ruralidad y las barreras de acceso a la justicia que se da en muchas comunidades o parajes del interior donde la geografía o el clima “se vuelven un impedimento para pedir ayuda”. Gennari comentó el rol de los facilitadores judiciales que se acercan periódicamente a tomar denuncias o hacer seguimiento de situaciones porque “nosotros hoy pensamos en la mujer de ciudad, pero el interior y sus realidades son muy amplias y diversas y también tenemos que trabajar para esas mujeres”.
Previo a los debates, la comisión había aprobado por unanimidad su reglamento interno que permite la participación remota de las y los integrantes que no pudieran asistir de forma presencial a las mismas.
Finalmente, la comisión resolvió invitar al ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez a la próxima reunión de la comisión para que brinde su opinión y aportes al trabajo de este cuerpo.
