Daniel Vidondo Presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul comentó cómo procederá el concejo respecto al informe que presentó el intendente Claudio Larraza sobre el estado financiero y de gestión que recibió al asumir su cargo el pasado 16 de septiembre. El mismo enumera una serie de irregularidades con relación a los fondos en el municipio que significarían un faltante de 285 millones de pesos de los aportes de fondos específicos de las cuentas municipales en el periodo febrero a septiembre del 2023.
En primera instancia el proceder que debería afrontar el deliberante a partir de tener en sus manos el informe es convocar a una sesión extraordinaria que según Vidondo es indispensable para poner en consideración del cuerpo y que este determine que avance a la justicia o incluso promover el juicio político, ya que según comentó “sería una cuestión de una gravedad institucional muy importante”.
Una vez analizado el informe y las medidas pertinentes, el deliberante puede someter al investigado a un juicio político que es un juicio que se hace por mal desempeño o por delitos cometidos por parte de funcionarios. O también acudir a la justicia ordinaria para que determine si existen responsabilidades penales que le puedan caer a las personas que hayan intervenido en las irregularidades.
A pesar de que el ex intendente Gustavo Suarez, forma parte del concejo deliberante, Vidondo dejó en claro que de iniciarse la causa puede avanzar en un juicio político y/o paralelamente en el ámbito de la justicia penal, independientemente de si existe o no el fuero (que es una restricción procesal que impide a un funcionario ser juzgado como a cualquier ciudadano), ya que en el único momento que se podrían interrelacionar la justicia con el deliberante es cuando un juez entienda pertinente disponer de una medida coercitiva y pedir su desafuero al concejo.
Desafuero
Vidondo explicó que el cuerpo avanzaría en esa medida si el juez pide el desafuero en una última instancia, poniendo como ejemplo el caso del ex diputado nacional Julio de Vido, a quien en 2017 la justicia le dispuso una medida coercitiva y el juez le pidió a la cámara respectiva el desafuero para su posterior detención. “Nosotros los legisladores tenemos inmunidad de palabra, nuestros dichos no pueden ser objeto de investigación criminal pero sí podemos ser sometidos a procedimientos de la justicia ordinaria sin ningún tipo de inconvenientes” sostuvo.
