Un varón que amenazó con matar a su expareja en dos oportunidades fue condenado a una pena de 1 año de prisión efectiva.
Las partes acordaron que cumple la condena en detención domiciliaria, en virtud de la falta de plazas carcelarias y a partir de que el condenado no registra antecedentes penales.
La fiscal del caso Ana Mathieu describió dos hechos. El primero ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando el imputado, L.A.A, se presentó en la casa de su ex pareja en Cutral Co y, utilizando una navaja, le advirtió que la iba a matar. En esa oportunidad, la mujer tomó un cuchillo e hirió a su agresor en una mano. Mathieu encuadró el accionar del acusado en el delito de amenazas, efectuadas en un contexto de violencia de género, agravada por el uso de arma blanca (artículos 149 bis, y 45 del Código Penal).
Si bien originalmente L.A.A accedió a una suspensión de juicio a prueba, perdió esa posibilidad cuando el 25 de septiembre pasado, violando una restricción de acercamiento dictada en el marco de una causa en el fuero de Familia, volvió a presentarse en la casa de su expareja, ingresó, la golpeó y la amenazó de muerte. La fiscal calificó el hecho como violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; y amenazas simples, todo en concurso real y en concurso ideal con desobediencia de una orden judicial (artículos 150, 89, 92, con remisión al 80, incisos 1 y 11; 149 bis, 239, 45 y 54 del Código Penal).
Al momento de solicitar la pena, Mathieu consideró que el condenado no registra antecedentes penales y que desde el segundo hecho ha cumplido con todas las medidas dispuestas en el marco del proceso. Explicó que el acuerdo al que se arribó cuenta con el aval de la víctima, quien solicitó ser informada respecto de lo que ocurra durante la etapa de ejecución de la pena.
También aclaró al juez que el planteo para que cumpla la condena en su domicilio tiene relación con la falta de plazas disponibles en las unidades de detención y, como medida de seguridad adicional, solicitó que continúe controlado por la pulsera electrónica que se le colocó el octubre del año pasado.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Mario Tomassi homologó el acuerdo e impuso la condena solicitada.
