Diseñarán intervenciones interinstitucionales con capacitaciones, protocolos y difusión, partiendo desde el Sistema de Protección Integral previsto en la Ley 2302. Se trabajarán, entre otros ejes, bullying, acoso, ausentismo y desvinculación escolar, violencia familiar, salud mental, consumo problemático, y embarazo adolescente.

La ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez, y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, firmaron este lunes un Convenio Marco de Cooperación y Compromiso, orientado a generar y promover espacios de encuentro interinstitucional, que permitan adoptar mecanismos y protocolos para fortalecer sus capacidades y el desarrollo de acciones institucionales.  El mismo tiene como objetivo garantizar, mediante un trabajo coordinado, la efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y consolidar prácticas conjuntas en el marco del sistema de protección integral, desde un enfoque interdisciplinario, de corresponsabilidad y con perspectiva de derechos.

La articulación se encuadra en el Sistema de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes previsto mediante Ley 2302; y en el deber que se tiene de asegurar la efectivización de esos derechos para su desarrollo integral, tanto desde el Estado, la sociedad y de la familia.
Entre las actividades previstas por las partes intervinientes en la acción, se conformarán espacios, encuentros y redes interinstitucionales de articulación, capacitación y formación; y se establece un compromiso para la difusión de derechos y de las funciones y roles de ambos organismos.

También se coordinarán propuestas de capacitación y formación en el marco de situaciones escolares, tales como violencia entre pares (bullying, acoso, ciberbullying), ausentismo y desvinculación escolar, violencia familiar, maltrato, salud mental, consumo problemático, y embarazo adolescente.

Ambas instituciones se abocarán además al diseño de protocolos de intervención y articulación, en clave de corresponsabilidad. También al desarrollo de programas de difusión y sensibilización sobre el impacto del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), orientados a garantizar la protección integral de adolescentes en conflicto con la ley penal; así como la generación de dispositivos de intervención temprana, estrategias de inclusión y continuidad educativa, bajo la promoción de enfoques de justicia restaurativa.

Merlo expresó que “la nueva ley del sistema penal juvenil, que empieza a aplicarse en septiembre, involucra en el sistema educativo a adolescentes de primero a quinto año; estamos frente a una oportunidad de trabajar el tema, de conocer los derechos y responsabilidades y generar estrategias conjuntas con las defensorías de los derechos del niño niñas y adolescentes previsto mediante Ley 2302, para profundizar la perspectiva en el abordaje de estos temas”.

Por su parte, Martínez, explicó que “también se trabajará en las responsabilidades parentales, ya que cuando estamos frente a un adolescente pasible de ser sometido al régimen penal juvenil, es porque todos los sistemas de contención y atención anteriores fallaron. Es efectivamente una oportunidad para poder trabajar además en las escuelas herramientas articuladas, desde un Estado que cuenta con todos los dispositivos necesarios para enfrentar el problema”.

«Para nosotros -sumó la ministra- estos protocolos son una guía, que luego en cada escuela tiene sus particularidades, de acuerdo a las circunstancias y a la región en la que se ubica, y amerita también otros dispositivos; pero tener ese piso del enfoque y de los pasos a seguir, ordena a la institución a partir de la crisis que se genera frente a un hecho en particular; y luego cada escuela encontrará los otros apoyos que necesita además de ese piso acuerdos”.

Fueron también parte del encuentro, que precedió a la firma del convenio, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; el secretario Civil y Nuevos Derechos de la Defensoría General, Fabián Castellón Morganti; y la directora del Equipo de provincial de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del CPE, Pilar Durán.